El reconocido académico venezolano, el Dr. Abraham Gómez ha dedicado más de 45 años de estudio riguroso al caso controversial de la Guayana Esequiba, disputa territorial que actualmente se ventila en el Alto Tribunal de La Haya.
Gómez, quien además es Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua y funge como asesor de la Comisión Nacional por el Esequibo, ha sido una voz constante en la defensa de los argumentos históricos y jurídicos de Venezuela. Su trayectoria lo ha convertido en una referencia obligada en el debate nacional sobre este tema.
Aunque no se pone en duda la solidez de sus planteamientos, surge una inquietud que abre el diálogo público: ¿cómo debe interpretarse, en el contexto actual, la posición venezolana frente a las decisiones que emanen de La Haya?
Este cuestionamiento marca el inicio de una conversación necesaria, en la que se entrelazan historia, derecho internacional y soberanía nacional.
Entrevista completa
¿Por qué tenemos que acudir a esa Corte para que decida sobre este pleito que lleva ya más de cien años?
Abraham Gómez: Esa es tal vez la interrogante más recurrente que me hacen en las conferencias y a través de las distintas plataformas. Al particular, he respondido, invariablemente, que el arreglo judicial es una de las alternativas de solución, que se contempla en el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas; además, la contraparte guyanesa no ha querido alcanzar con nosotros la búsqueda de una salida al pleito, de manera práctica y satisfactoria para ambas naciones.
¿Hay posibilida de que en los venideros meses haya un fallo? Que se conozca definitivamente a qué país corresponde en verdad esa franja territorial.
A.G: “Ya quisiéramos que tal contención se resolviera lo más pronto posible; por supuesto, plenamente favorable a nuestro país, no por un capricho sobrevenido o basados en una endeble malcriadez diplomática, sino porque somos los únicos que poseemos suficientes elementos probatorios, incontrovertibles. Documentos que nos asisten en justo derecho.
Pero, hay mucha gente que se impacienta; y otra cantidad de venezolanos que ya casi se han olvidado del asunto. En verdad, ¿no deberían aligerarse los trámites?
A.G: “Precisamente, por lo que mencionas, con toda razón entendible; nos hemos permitido – conforme a nuestras posibilidades y alcances – ir indicando que los lapsos en pleitos que correspondan al Derecho Internacional a veces nos lucen larguísimos o fastidiosos por la cantidad de trayectos procesales que deben cumplirse.
En nuestro específico caso de pedir en justa restitución, lo aconsejable es seguir teniendo paciencia y persistencia, sin desesperarse; y menos sabiendo que contamos con absolutamente todo para mostrar y demostrar ante los honorables Magistrados cómo se armó el ardid tramposo contra nuestro espacio geográfico, mediante un juego de intereses, y colusión, de los imperios de entonces.
Uno lee y escucha en muchas ocasiones y lugares que no vale la pena insistir en ese caso, y que los magistrados están parcializados.
A.G: “Considero que debemos insistir con nuestros documentos, que son irrebatibles. Que somos nosotros quienes tenemos las verdaderas pruebas históricas, jurídicas y cartográficas de que esos 159.500 km2 siempre han sido de Venezuela. Recordamos que hace pocos meses había una “campañita” orquestada por gente desinformada y sin la pertinente formación que proponían que la delegación venezolana no se presentara en La Haya a consentir el juicio, y menos consignar el memorial de contestación de la demanda. A ambas audiencias nos hicimos presentes.
Afortunadamente, privó la sensatez y la ponderación en la Alta Comisión que ha asumido esta responsabilidad; al tiempo que analizó en perspectiva todo cuanto significaba abandonar nuestra reclamación, ubicada desde el 2018 en el ámbito judicial”.
Dr. Gómez, ¿Qué podría suceder si no nos presentamos más en ese juicio?
A.G “Sería bastante lamentable. Diré por qué. Porque le dejaríamos el campo solo a la delegación diplomática de Guyana, para que argumente lo que le venga a su conveniencia, sin que haya contradicción. Peor aún si no comparecemos, corremos el riesgo de que se nos aplique el artículo 53 del Estatuto de la Corte, donde se contempla la sentencia en ausencia de una de las partes. El proceso no se paralizaría porque uno de los concernidos no comparezca”.
¿Cuándo considera usted que la Corte pueda decidir sobre este asunto?
A.G:” Según nos han comentado, de manera informal algunos magistrados que una vez que las partes cumplan con los trayectos procesales que faltan; es decir, alegaciones y preconclusivas; ellos se tomarían apenas tres meses para preparar el fallo sentencial. Estamos estimando que sería para el primer trimestre del próximo año”.
